En Uruguay hay 10.855 personas privadas de libertad, de esas, 333 son extranjeros o migrantes, los que representan el 3,05 % de la población privada de libertad. La mayoría son hombres – 301 - mientras que las mujeres son 32.
En cuanto a las nacionalidades 125 personas son brasileros y 92 argentinos, mientras que 100 personas son de otros países de América Latina. De países como Europa hay 12 privados de libertad y 4 africanos.
La mayoría de los extranjeros o migrantes que están privados de libertad – 144 personas - por delitos vinculados a rapiñas y hurtos en todas sus modalidades; 82 personas por delitos vinculados al narcotráfico.
Por delitos sexuales/género/violencia: 26, igual número que por homicidio. Por estafas 22 personas y por delitos vinculados al tráfico y porte ilícito de armas de fuego y municiones: 8 personas.
También hay 8 personas privadas de libertad en nuestro país cumpliendo arresto administrativo con fines de extradición.
Por desacato 5 personas; tentativas de homicidio 4; secuestro: 3. Mientras que por encubrimiento, extorsión, daños o amenazas, trata de personas e introducción de moneda 1 persona cada uno.
El PROEM, depende de la Subdirección Nacional Técnica y tiene como objetivo desarrollar líneas de acción y planes focalizados a la intervención socioeducativa con la población privada de libertad extranjera y migrante desde el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad.
El programa contempla un plan específico para cada una de las etapas: ingresos, progresión dentro del sistema y egreso. Asimismo tiene en cuenta situaciones particulares como el caso de madres con hijos, personas en arresto administrativo, refugiadas, y extranjeras sujetas a medidas no privativas de libertad.
Además el PROEM realiza coordinaciones con representantes diplomáticos - Embajadas y/o Consulados - a los efectos de organizar visitas especiales de sus familiares, coordinando días y horarios de contacto con las personas migrantes para fortalecer los vínculos filiales . Recepciona la documentación probatoria a los efectos de realizar gestiones como la continuidad estudiantil y/o la solicitud de documentación en el país de origen, normalmente por renovación de los documentos de identidad propios de sus respectivos países.
También realiza coordinaciones con el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL), de ASSE en casos en los que las personas viven agresiones psicofísicas y en situaciones que demandan una atención inmediata.
Así como con las direcciones y subdirección técnica de las unidades penitenciarias, con el Centro de Ingreso Diagnóstico y Derivación (CIDyD), con la Oficina de Libertad Asistida (OSLA), con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), con la Dirección Nacional de Identificación Civil, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migraciones
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