Con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de regularización de las construcciones en el balneario, evitar las ocupaciones de terrenos y las usurpaciones, se desarrolló en el balneario Jaureguiberry una nueva recorrida informativa e inspectiva para relevar la situación de las construcciones y asentamientos humanos irregulares en las zonas costeras.
El primer trabajo de fiscalización, tras la denuncia por parte de vecinos y organizaciones sociales del balneario Jaureguiberry sobre irregularidades vinculadas a los permisos de construcción, movimiento de suelos y posesión de terrenos, se desarrolló en el mes de diciembre del año pasado. En ese entonces se relevaron 3050 padrones de todo el balneario. Se notificó a vecinos y vecinas sobre el proceso y se les solicitó documentación que acredite la relación jurídica de los ocupantes con el inmueble que usufructúan. En los casos en que las personas no se encontraran en el lugar, se les dejó la notificación correspondiente en los terrenos o viviendas y se les otorgó el plazo suficiente para entregar la documentación solicitada a través de formularios web o presencialmente en las oficinas del Municipio de La Floresta.
Se atenderá particularmente cada situación
El Director de Contralor de la Intendencia de Canelones, Luis Garrido, explicó que “hoy volvemos por algunos padrones, un número sensiblemente menor que no llega a los cien, que no han presentado documentación alguna y que hemos detectado que han continuado con construcción o con movimiento de suelos en los predios. La tarea del cuerpo inspectivo en este segundo control es la de conseguir información sobre esos terrenos para trabajar sobre esas situaciones.”
Por su parte, el Director General de la Agencia de Vivienda, Rodrigo Amengual, puntualizó que “principalmente lo que hemos encontrado en este balneario no son tantas las situaciones sociales sino situaciones irregulares que estamos intentando identificar a través de la documentación. Y dándole los tiempos a las personas para también identificar una serie de matices en posibles irregularidades; una cuestión es una irregularidad en una vivienda, otra cuestión podría ser una ocupación u ocupaciones de predios que no implican la propiedad de la tierra, con el desmonte o la afectación de recursos naturales como pueden ser las dunas o la franja costera. Ante cada situación la idea es proceder de una manera específica”.
El abanico de posibles irregularidades es variado. Se han encontrado situaciones que van desde construcciones que se utilizan como residencia permanente, para vacacionar o para ocupar los fines de semana; inclusive casos en los que se alambra un terreno para comercializar derechos posesorios. Esta fiscalización se enmarca en las normativas nacionales y departamentales vigentes. Cuidando que a través de los permisos de construcción se respeten los planes de ordenamiento territorial, se busca evitar la creación asentamientos y de construcciones que generen problemas ambientales como aquellas construidas en la franja costera o en zonas dunares donde claramente no está permitido afincarse. De esta forma, el Gobierno de Canelones continúa cumpliendo con las obligaciones que la ley le impone en materia de policía territorial (artículo 69 de la ley 18.308), en el Código de Aguas (Ley 14.859) y demás normas departamentales.
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